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Manifiesto: Iglesia y Educación Imprimir E-mail
Lunes, 21 de Diciembre de 2009 02:05

SIGLA E INSUCAP se posicionan  en cuanto a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Nacional, nro 26.150, objetada por la Iglesia Católica.

El siguiente documento fue motivado por las declaraciones públicas de Monseñor Aguer [1], obispo de La Plata, y el artículo del Presbítero Guillermo Marcó, vocero del Arzobispado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, publicado por el Suplemento Valores Religiosos de Clarín[2]. Si bien haremos referencia a los dichos y escritos de estos dos religiosos, dejemos en claro que los consideramos encarnaciones de la opinión e influencia colectiva de la jerarquía de la Iglesia Católica Apostólica Romana en la Argentina.  Por tanto, nuestra declaración no se refiere tan sólo a los criterios personales de los nombrados, sino a los criterios, acciones y actividades de la estructura ideológica e institucional en que ellos están insertados.

Marco contextual

En el año 2004 la Ciudad de Buenos Aires estaba a punto de aprobar su Ley de Educación Sexual Integral, y el Congreso de la Nación comenzaba a tratar algunos proyectos con el mismo fin. A instancias de varios grupos ultracatólicos, la Iglesia frenó la aprobación de la ley en la Legislatura y provocó la necesidad de dos años más de debates, en tanto que una ley mucho menos audaz y más volcada a las necesidades de las mujeres se debatía en el Congreso de la Nación.

Este último proyecto se volvió en el año 2006 la Ley Nacional 26150 de Educación Sexual Integral y abrió paso a la aprobación en el mismo año de la también moderada ley 2110 de Educación Sexual Integral de la Ciudad de Buenos Aires.

El resto del año 2006 y el 2007 se pasaron en reuniones de la Comisión que debía aprobar los Lineamientos Curriculares para la ley de Educación Sexual Integral, mandados por la misma ley 26150; los representantes de la Iglesia Católica se vieron en minoría y terminaron emitiendo un dictamen separado con solamente dos firmas.

Dos objetivos de nuestro posicionamiento

La Iglesia Católica no admite otra cosa que discursos monolíticos. Si dentro de ella hay otras opiniones, la Conferencia Episcopal las ha asfixiado. Por tanto, el objetivo de esta Declaración es no sólo responder a la Conferencia Episcopal Argentina y a la Iglesia Católica, en las figuras del presbítero Marcó y el obispo Aguer, sino proclamar la necesidad de una mejor separación de Iglesia y Estado en todos los órdenes y sobre todo en la educación preprimaria, primaria y secundaria.

La moral cristiana causa sufrimiento

La Constitución Nacional garantiza la libertad de cultos, pero también su Preámbulo habla de garantizar el bienestar general, y el artículo 19 declara de una vez para siempre “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohibe”.
Las leyes de educación argentinas, desde la ley 1420 de Educación Común hasta las actuales leyes de Educación Sexual de la Nación y de las Provincias y Ciudad Autónoma han concedido a la Iglesia ámbitos propios para dar educación sexual católica y moral cristiana. Sin duda es cruel que esa moral enseñe a los homosexuales que son pecadores; también es irreal enseñar a la población que todos deben llegar vírgenes al matrimonio, y además es utópico recomendar que quienes no se casen sean abstinentes hasta la muerte.

Pero la Iglesia no puede pasar por alto que la orientación sexual es involuntaria y prenatal y que sus alumnos no tienen por qué ser obligados por la moral cristiana a prescindir de lo que la ley no prohíbe. Dada la libertad de cultos, no podemos objetar que la Iglesia se oponga al preservativo por ser anticonceptivo; pero podemos oponernos a que lo combata en su utilidad en la defensa de la salud, porque las escuelas confesionales venden a la comunidad el servicio educativo, y cuentan para salvaguardar su propia libertad de culto con la doctrina eclesiástica del mal menor, que permite enseñar a utilizar condones  para proteger la vida. No entienden que deben cumplir con el artículo 42 de la Constitución Nacional y dar un servicio que no dañe la salud; en cambio, prefieren ver a sus alumnos infectados, a sus alumnas embarazadas y a todos en peligro. El Estado tiene el derecho y el deber, por artículo 42 de la Constitución, a imponer la enseñanza de este contenido.

La naturalización de la sumisión de la mujer No es solamente en su oposición al preservativo que la Iglesia católica desoye a la Constitución. También lo hace cuando desoye al artículo 37 de la Constitución, que ordena acciones positivas para favorecer la participación política de las mujeres. El cambio social ya se ha producido, y el proceso continúa. Monseñor Aguer, al hablar de un presunto “orden natural” que rige las funciones de la mujer, falsea la realidad, cosa que ninguna libertad de culto puede justificar. Las escuelas deben obedecer a la Nación, no al Vaticano, y la ley de Educación Sexual Integral de la Nación manda explícitamente otorgar “igualdad de trato y oportunidades” a ambos sexos[3], lo que no condice con la Carta de Colaboración del Hombre y la Mujer en Iglesia y el Mundo.[4]

El “orden natural” de Aguer, Marcó y la jerarquía católica consiste en la naturalización de normas impuestas, derivando la sumisión de la mujer de su cuerpo y biología. Ellos, y la Declaración de la CEA, insinúan que la ley debe ser desobedecida por ser contrarias a la naturaleza del mundo.
En cambio, nuestras leyes se parecen más a la realidad que cualquier afirmación eclesiástica, que insiste en que la "ideologia de género" es dogmática, cultural y constructivista, y en que la mujer por vocación femenina es necesariamente madre y que su lugar irreemplazable es la familia. De más está decir que hablan no de una familia del siglo XXI, sino en una casi desaparecida familia tradicional, patriarcal y conservadora.
Otra falsedad de Aguer es vincular feminismo y homosexualidad al decir “Bajo el amparo del género caben los diversos comportamientos sexuales”. Tergiversa la teoría de género, que no es un instrumento de análisis sexual sino político, orientada por la equidad, que es igualdad con justicia. Las diferencias entre sexos deben ser corregidas cuando son injustas; Aguer y Benedicto XVI dan por supuesto que queremos borrar la diferencia entre hombre y mujer, no la injusticia del predominio de uno sobre otro.

Exhortación a la desobediencia civil

Ha sido costumbre histórica de la Iglesia Católica desoir a la Constitución. En junio del 2008, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento[5] rechazando los Lineamientos Curriculares con las siguientes palabras: “exhortamos a todo cristiano y hombre de buena voluntad, especialmente a padres y educadores, a asumir la responsabilidad que les cabe en esta instancia, sintiéndose acompañados por la Iglesia, Madre y Maestra”.

La expresión “la responsabilidad que les cabe” es una exhortación a levantarse contra la ley con el aval eclesiástico (no por nada se recuerda que la Iglesia es Madre, a la que se le debe respeto y obediencia). La Iglesia proclama nuevamente su obediencia al Papa y desobediencia a la Nación. Este falso dilema entre Dios y el Estado fue resuelto por el propio Jesucristo, que en el Nuevo Testamento (Mateo 22: 17-21) responde a los fariseos, que lo provocan a rebelarse contra el Estado:
Esto supuesto, dinos qué te parece: ¿Es o no es lícito pagar tributo al César? 18. A lo cual Jesús, conociendo su malicia, respondió: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? 19. Enseñadme la moneda con que se paga el tributo. Y ellos le mostraron un denario. 20. Y Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? 21. Respóndenle: Del César. Entonces les replicó: Pues dad al César lo que es del César y a Dios
lo que es de Dios.

Indiferencia del público general

El amotinamiento de padres y maestros contra el Ministerio de Educación Nacional no se produjo. Entonces monseñor Aguer, con la anuencia de la Conferencia Episcopal y la Comisión de Educación que preside, comenzó la ofensiva que había esperado en vano de sus feligreses: en el año 2009 desató su furia contra un Manual del 2007, publicado por el Ministerio de Educación de la Nación. En aquel mismo año, la Conferencia Episcopal Argentina había publicado su propio manual de Educación Sexual “El Desafío de Educar En el Amor”, en medio de amplia publicidad e indiferencia general.

Actitud farisea de la Iglesia Católica La Conferencia Episcopal Argentina no está obrando como lo predicó Cristo. La moneda del Nuevo Testamento llevaba la efigie de César; la moneda con que se pagan los sueldos de las escuelas católicas lleva el sello de la Nación Argentina. la Nación encargó a su Ministerio que determinara los Lineamientos Curriculares para la educación sexual Integral que debe seguir el sistema educativo público de cualquier gestión; el modo de escapar a esta obediencia sería renunciar a toda ayuda económica de cualquiera de los Estados Argentinos, y abstenerse de emitir títulos o certificados con pretensiones de “oficiales” o “de validez nacional”, ya que el negarse a obedecer las leyes y los Lineamientos Curriculares aprobados por el Consejo Federal implica que se rechaza lo nacional y lo dispuesto por el Estado. Hasta los niños saben que una conducta debe ser consistente: que no se puede aceptar una autoridad (en este caso, Estado o Nación) por lo beneficios que da, y rechazarla por las obligaciones que crea.

Separación de Iglesia y Estado

La Iglesia Católica integra la Nación Argentina y es una parte importante de su estructura e historia; tanto lo es, que se la menciona explícitamente en el artículo 2do. de la Constitución Nacional. Eso no la transforma en “Iglesia oficial”, aunque ella se comporte como si lo fuera. No proclama explícitamente serlo, porque sabe que provocaría reacciones contrarias; pero actúa como si el verbo “sostener” del Artículo 2do de la Constitución consagrase algo distinto que su derecho a recibir ayuda económica.

Ya que el artículo 2do se presta a tal interpretación, debemos apuntar a una Convención Constituyente que elimine ese artículo. Si en 1853 fue históricamente necesario, ya no lo es: nuestra hermana la República Oriental del Uruguay, de cultura e historia similares a nuestro país, dividió tajantemente en 1917 la Iglesia y el Estado.

Separada, la religión católica apostólica romana puede seguir sosteniendo su mentalidad monárquica  y absolutista sin chocar con nuestras repúblicas igualitarias; la separación es para bien de ambas instituciones. Nuestra mentalidad democrática puede abrirse a un pluralismo más sincero, y la Iglesia podrá determinar la verdadera religiosidad del pueblo argentino, ya que hoy buena parte de las iglesias están vacías y los seminarios también. Los argentinos organizan multitudinarias procesiones a vírgenes, santuarios y santos, pero no van a la Iglesia.

Legitimidad de la Ley de Educación Sexual de la Nación.

Monseñor Aguer, en su denuesto contra el Manual, quiere deslegitimizar la ley de Educación Sexual Integral y todos sus derivados, desde los Lineamientos al Manual que sirvió de excusa a este ataque, afirmando que destruyen la neutralidad religiosa del Estado. Agrega que impone “una dogmática constructivista y atea que resulta una especie de religión secular ajena a la tradición y los sentimientos cristianos de la mayoría de nuestro pueblo”. Postula, por lo tanto, una relación directa entre esa presunta mayoría y la función de gobierno. Esto viola directamente la Constitución Nacional, cuyo artículo 22 dice claramente: "El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del  pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición.” La Iglesia, sin duda, es una reunión de personas, y sus incitaciones a la
resistencia de los padres de familia son claramente sediciosas.

Explotación de la educación confesional

Los sacerdotes y monjas argentinos, en lugar de elevar la espiritualidad de las multitudes creyentes, van a trabajar a escuelas solventadas por el Estado, a veces  sin tener ni siquiera los títulos docentes necesarios para dictar clase[6], porque son incapaces de ganarse el pan recolectando la limosna de sus feligreses y celebrando misas, bautismos, matrimonios, confirmaciones y funerales.
La educación pública no debe transformarse en el coto de caza de la Iglesia Católica, porque la educación del pueblo no es responsabilidad eclesiástica, sino de los estados argentinos. Ellos pueden delegar parte de esa responsabilidad en la Iglesia, pero política y socialmente la responsabilidad de los contenidos educativos es del Estado. En cambio, la incitación a la desobediencia civil es una clara intromisión en los asuntos de la Nación. Ni siquiera en las provincias donde hay educación religiosa la Iglesia tiene permiso para arremeter contra las Leyes y la Constitución que protegen a la escuela pública.

La función espiritual no da privilegios a la Iglesia

La Iglesia no puede sobreponer sus creencias a los principios de libertad e igualdad de la Constitución, ni al derecho a la salud y a la información. Esto no daña en absoluto la espiritualidad: el preámbulo de la Constitución es claro. Desde el principio la Nación se propuso una sociedad inclusiva, “para  asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino; también es el Preámbulo el que reconoce un Dios Creador, “fuente de toda razón y justicia”. Pero nada dice de la construcción de estructuras jerárquicas sacerdotales.
Las religiones organizadas son construcciones humanas. El “orden natural” pretendido por la Iglesia es un conjunto de normas filosóficas elaboradas por la patrística, que fueron propagandizadas como emanaciones de la voluntad divina. Usar su función de guía espiritual o los axiomas laicos de la República según convenga a la jerarquía sacerdotal es una trampa indigna: la Iglesia argumenta que debe respetarse la libertad de conciencia y de expresión, conceptos constitucionales y no religiosos, a la vez que impone de modo excluyente su doctrina a sus alumnos.

Violación de la verdad histórica

Los opuestos en lucha han sido doctrina histórica desde las polis griegas: Roma, la Revolución Francesa y la Revolución de Octubre han manejado binarismos como plebe/nobleza, pueblo/monarquía, grey/sacerdote, izquierda/derecha, revuelta/orden, donde siempre el primer elemento provoca una revolución y el segundo una reacción o contrarrevolución; el primero es garantía de desorden, el segundo de orden. Monseñor Aguer se pone a sí mismo en la posición de garante del orden y la democracia, que en verdad es la de Franco, que fundió guerra, nobleza, monarquía, catolicismo, derecha y orden en un mismo aliento, y que inspiró a nuestro nefasto nacionalismo.

Es indigno que Monseñor Aguer apele al miedo y la ignorancia cuando llama “neomarxistas” a contenidos de feminismo libertario, muy anterior al marxismo. La referencia de Aguer insinúa que pueden volver los espantosos tiempos de la Alianza Anticomunista Argentina y de las guerrillas revolucionarias; busca provocar miedo y rechazo. Pero esas guerrillas y esa Alianza tuvieron origen en la Revolución Argentina, que, escudándose en el rosismo, la patria y el federalismo, subió al poder rodeando a Onganía de obispos y preludió la dictadura del 76 al 83 con sus siete años de lucha, persecución, tortura, exilio y muerte.

Violación del derecho a la información y la salud

En educación sexual, so pretexto de no ofender, retacea la información necesaria para defender la salud, a pesar de que los Pactos Internacionales de nivel constitucional consagran el derecho a la información, del que se deriva la posibilidad de elegir, ya que no existe libertad de conciencia sin herramientas para objetar.
Otra mentira implícita está en la acusación de “El Estado no debe sustituir a la familia”, que se remonta a la propaganda anticomunista donde se decía que los Soviets separaban a los hijos de los padres para educarlos a cargo del Estado, y se da a entender que eso es lo que se está intentando hacer. Se abroquela en un concepto superado de Patria Potestad como valor absoluto, cuando los hijos parecían ser propiedad del padre. Ahora, por consenso social y obligación legal, esa patria potestad es compartida y relativa: la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, que tiene jerarquía constitucional, consagra el derecho a la información. Ambos padres no sólo tienen el derecho de enseñar a su progenie; tienen obligación de respetar el derecho de sus hijos e hijas a estar informados sobre lo que pasa en el mundo.

Conocimiento y ética de los derechos humanos

En las palabras de estos religiosos crueles hay rechazo al conocimiento; sin duda la especie se divide en hombres y mujeres, pero también sin duda han nacido y siguen naciendo por imperio biológico personas intersexuales, cuyos derechos deben ser salvaguardados. El respeto a la verdad es lo que impone que el Estado no deba someterse a la enseñanza de contenidos de Educación Sexual condicionados por un sector religioso. La Educación Sexual no puede ser imposición, so pena de volverse dominación y manipulación; debe tener en cuenta sentimientos, ideales, el contexto real, la conciencia individual, y un diagnóstico que plantee posibilidades para que cada educando, consciente, libre y responsablemente, pueda construir su vida y su mundo en sociedad. El mundo es cada vez más complejo; la nueva educación sexual necesita herramientas modernas: estadísticas, riesgos, prevenciones, legislaciones, posturas distintas;  no puede basarse en la moral cristiana, que condena a la homosexualidad y a las mujeres que quieren ser iguales en trato y oportunidad con los hombres. La escuela debe regirse por la ética de defensa de las minorías[7]; la educación que provea, por imperio de la soberanía de la Nación y la autonomía del Estado, debe ser incluyente y contemplar alternativas que permitan superar contradicciones. No se puede ceder a las pretensiones de un sector que, en lugar de convivir, promueve luchas facciosas.

En una República todos somos ciudadanos

La Argentina tiene tres nombres constitucionales: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina y Confederación Argentina. En los tres nombres está ausente la idea de nobles y plebe. Somos “república” y esto nos prohíbe alentar ideologías monárquicas; el Estado debe ser "herramienta pública" al servicio y alcance de todos sus habitantes, para su protección y promoción, incluyendo comportamientos y conciencias. Una escuela que sostuviese que un príncipe es superior a cualquier otro argentino debería cerrar sus puertas por violar la Constitución, cuyo artículo 8vo. Dice “Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás”. Es el título de ciudadano lo que otorga derechos, privilegios e inmunidades.

La Iglesia Católica sigue siendo una monarquía que llama “príncipe” a un cardenal y “monarca” al Sumo Pontífice; no sabe diferenciar un título de nobleza de la condición de ciudadano. Por eso Aguer declara: “…se otorga carta de ciudadanía a la homosexualidad y sus variantes”.

Desde la Revolución Francesa la ciudadanía es condición propia del nativo de una Nación, y nuestra Constitución incluso a los extranjeros les reconoce todos los derechos civiles de los ciudadanos; suponer que
esos derechos pudieran ser negados a alguien por su sexualidad es propio de una mente autoritaria, monárquica y homofóbica. Sólo una mente homofóbica nos concibe así; sólo una mente monárquica considera que hay seres humanos inferiores; sólo una mente autoritaria piensa que la mayoría tiene derecho a aplastar y desconocer a las minorías.

Conclusión

Es el Estado quien debe garantizar que las minorías no sean aplastadas por las mayorías, sobre todo viendo que en diversas partes del país párrocos y obispos tienen actitudes y dichos incompatibles con la espiritualidad. Un salesiano de Mendoza les desea “lo peor” a los educadores sexuales, y el obispo auxiliar de la provincia, para fingirse más moderado, simplemente llama a los padres a resistir la educación sexual. Hace un siglo y medio Rosas cedió a la presión de la Iglesia y mandó fusilar a Camila O´Gorman y Uladislao Gutiérrez. El Estado dejaba conforme a la Santa Madre matando a una mujer y a su marido sacerdote por primera vez en la historia argentina. Si permitimos que se le crea a Aguer, que dice que “el empoderamiento de la mujer implica introducir la potencia destructiva de la dialéctica en el seno de la familia”, y a todos estos fanáticos que quieren borrar de la existencia al género y a los homosexuales, la historia se habrá repetido.

Referencias

[1] Radio (La Plata).
http://www.impulsobaires.com.ar/nota.php?id=76077 ; Diario La Nación
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1156544 ; Declaracion
Oficial de Monseñor Aguer
http://www.aica.org/index2.php?pag=aguer090727
[2] Marcó, Guillermo, “Sexo, Naturaleza y Educación Sexual”, en
Valores Religiosos, suplemento de Clarín, accesado en
http://www.valoresreligiosos.com.ar/nota.asp?Id=17008
[3] Ley 26150, art. 3ro. Inciso e) “procurar igualdad de trato y
oportunidades para varones y mujeres”
[4] Cardenal Ratzinger, “Carta a los obispos de la Iglesia Católica
sobre la colaboración de hombre y mujer en la Iglesia y en el Mundo”,
2004: “En la misma perspectiva esponsal se comprende en qué sentido la
antigua narración del Génesis deja entender cómo la mujer, en su ser
más profundo y originario, existe «por razón del hombre» (cf 1Co
11,9)”
[5] http://www.obispadogchu.org.ar/obispado/doccea12.htm, accesado 29 10 09
[6] “Pero pocos años después el presidente [Juan Domingo Perón]
denunció que en los colegios estatales “el mayor número de las
cátedras fueron adjudicadas a curas” que ocultaban su condición
sacerdotal y en los colegios católicos en pocos años el porcentaje de
sacerdotes en el cuerpo docente pasó del 20 al 80 por ciento.” Horacio
Verbitsky, Fe, Dinero y Poder, Página 12, domingo 31 de agosto del
2008.
[7] Jean Chrétien, Primer Ministro del Canadá, 2001. Cumbre de Québec.
“Celebrar un referendum para decidir sobre el destino de las minorías,
es un problema. Por eso tenemos constituciones: para proteger los
derechos de la minoría. Para eso tenemos la Declaración de Derechos.
Porque si lo que decide siempre es el voto de mayoría por referéndum,
¿quién defenderá a las minorías?"

Última actualización el Martes, 22 de Diciembre de 2009 02:36
 
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