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Iglesia catolica y sector rural se oponen a programa de derechos humanos de lula Imprimir E-mail
Domingo, 10 de Enero de 2010 22:48


Télam

Por distintas razones, la Iglesia Católica y el sector ruralista de Brasil, incluido el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, rechazaron hoy varios puntos del Programa Nacional de Derechos Humanos decretado por el presidente Luiz Lula da Silva, que entre otras propone investigar los crímenes cometidos por la dictadura que gobernó entre 1964 y 1985.

El programa ya había sido objetado por los mandos militares que se oponen a la creación de la Comisión Nacional de la Verdad, para que se investiguen los crímenes cometidos durante los 21 años de gobierno dictatorial.

El plan de derechos humanos instrumentado por el ministro del área, Paulo Vanucchi, en diciembre, incluye aspectos referentes a la disputa de tierras y la despenalización del aborto y la unión civil entre homosexuales. Son 27 proyectos de ley a ser tratados en los próximos 11 meses.

"Vemos estas iniciativas como una actitud arbitraria y antidemocrática del gobierno de Lula.. La Iglesia es contraria. Todos los obispos están en contra", dijo el obispo de Assis, estado de San Pablo, José Simao, titular del Comité de Defensa de la Vida de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), según reportó la agencia de noticias ANSA.

Simao aclaró que la Iglesia cuestiona el proyecto de ley de despenalización del aborto, la posibilidad de que homosexuales puedan adoptar niños, la unión civil entre personas del mismo sexo y reglamentar la prohibición de símbolos religiosos en las escuelas públicas.

El obispo de Assis dijo que consultará con sus pares para enviar un mensaje al gobierno, pero la prensa especula que varios jerarcas católicos aliados tradicionales del Partido de los Trabajadores (PT) pretenden enfrentar la cuestión con discreción.

La iniciativa del gobierno provocó, en vísperas de la Navidad, un fuerte rechazo por parte de las Fuerzas Armadas, cuyos tres jefes y el ministro de Defensa, Nelson Jobim, habrían amenazado con renunciar si no se daba marcha atrás al proyecto.

Es que para los militares la iniciativa viola la Ley de Amnistía de 1979, que la propia dictadura dictó, que impide que se juzguen los crímenes del gobierno de facto, que causó unos 400 desaparecidos y miles de torturados.

Según los diarios Folha de Sao Paulo y O Globo, los militares exigen que si la ley es aprobada, deben incluirse las investigaciones sobre las organizaciones armadas que formaban parte de la resistencia al gobierno de facto.

La candidata presidencial del PT en las elecciones de octubre, la jefa de ministros, Dilma Rousseff, participó de la resistencia armada, fue torturada durante un mes y estuvo presa por tres años, en la década del setenta.

Pero así como para la Iglesia y los militares el proyecto tiene puntos de rechazo, el llamado agronegocio también lo objetó, por considerar que se pueda abrir la puerta a ocupaciones por parte de movimientos sociales como los Sin Tierra (MST), que pugnan por la reforma agraria.

Desde el propio gobierno se lanzó la voz de rechazo por parte del ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, en sintonía con la presidenta de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), Katia Abreu, del conservador Demócratas.

Stephanes afirmó que el proyecto "crea una inseguridad jurídica al flexibilizar la reglas" de reintegración de tierras en propiedades rurales ocupadas.

El ministro y la jefa de los ruralistas alertaron que "se estimulará la violencia en el campo" con la creación de una cámara de conciliación para determinar la propiedad de las tierras en Brasil antes de la intervención de la justicia.

Para Stephanes, su ministerio no fue consultado para el proyecto y acusó al ministro Vanucchi de haber separado de la problemática a la agricultura comercial y a la familiar.

La familiar responde por 70% de los alimentos consumidos en el país, mientras que la comercial está destinada a la exportación de granos y carnes.

"No se puede dividir a la agricultura en comercial o familiar, porque existe una clase media rural en crecimiento", dijo.

El decreto establece para los próximos 11 meses la elaboración de por lo menos 27 nuevas leyes que van desde la regulación de huertas comunitarias hasta la revisión de la Ley de Amnistía, el impuesto a las grandes fortunas, los temas de unión civil homosexual y despenalización del aborto y la fiscalización de las investigaciones de biotecnología. (Télam).- dc-gel08/01/2010 16:17

 
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