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Ya que hablamos de asuntos imperiales Imprimir E-mail
Martes, 29 de Junio de 2010 03:33

Olga Viglieca / El Argentino

Hasta el siglo X, la Iglesia admitía el divorcio y necesitó cinco siglos para restringirlo. De la procreación, en Trento, nada.

La Cámara alta debe modificar el proyecto de ley aprobado por Diputados sobre el casamiento entre personas del mismo sexo.” La frase, rotunda, corresponde al editorial del diario La Nación, aparecido a escasos tres días de que el obispo de La Plata, Héctor Aguer, en nombre de la Iglesia toda, reclamara lo mismo.

En un tono admonitorio pero que se intenta políticamente correcto, el editorialista, por si las moscas, no se opone a que los legisladores busquen “una normativa específica para las uniones homosexuales que les sea propia”, e incluso contemple sus derechos civiles y previsionales, si acaso “se entiende justo”. ¡Pero esto no significa que se deba “vaciar de contenido una institución milenaria”!, arguye.

Siguiendo esa línea tan progresista de pensamiento, tampoco se debería haber derrocado al zarismo –una institución que superaba el milenio–, ni abolido la esclavitud –varias veces milenaria– y habría que despenalizar el asesinato de la esposa o los hijos, práctica que Dios demandó a Abraham y fue perfectamente legítima en la familia patriarcal del derecho romano.

El riesgo es mezclar peras con manzanas porque, hace un milenio, el matrimonio civil –que es lo que está en debate– directamente no existía. Las gentes comunes de Europa vivían en alegre –o desgraciada– coyunda y el casamiento, religioso, era una práctica contractual de la monarquía y la nobleza. Si nos descentramos del eurocentrismo, veremos que en muchas culturas regía (y aún rige) el levirato, que obliga al cuñado a desposar a la viuda de su hermano; en otras se casaba (y se casa) a criaturas de 6 años con nonagenarios (India y Pakistán). Y algunos degenerados fueron (y son) poligámicos.

Ya que el editorialista valora lo ancestral, cabe recordar que en nuestra América, el Inca se casaba con su hermana mayor, los jóvenes aztecas elegían libremente su identidad sexual, los mayas honraban a los “berdaches” y las lesbianas, los machis mapuches se vestían con indumentaria femenina y gozaban con sus amigos, y las vasijas guaraníes muestran que ningún problema respecto de los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. A pocos se les hubiera ocurrido pensar una pareja para toda la vida y mucho menos para la procreación por el simple motivo de que muchos “ancestrales” ignoraban que hacía falta una pareja heterosexual para engendrar. La maternidad era atribuida a la fusión de las mujeres con la naturaleza, y eso explica que se las invistiera de atributos mágicos o divinos.

Ni siquiera la Iglesia Católica lo tenía tan resuelto. Hace justo un milenio (1095), el papa Urbano II, deseoso de imponer el celibato –y de eliminar el matrimonio, bastante habitual entre religiosos de todo rango– les impuso a los curas vender a sus esposas como esclavas y abandonar a sus hijos. No parece un ejemplo muy recomendable. Recién en el Concilio de Trento (1545-1563), con quince siglos cumplidos, la Iglesia logró precisar una doctrina canónica sobre la unión conyugal: sentenció que el matrimonio era un sacramento-contrato indisoluble celebrado entre un hombre y una mujer con la colaboración de un sacerdote. Lo de indisoluble es importante: hasta el siglo X, la Iglesia admitía el divorcio y necesitó cinco siglos para restringirlo.

De la procreación, en Trento, nada. Así que el argumento de que el matrimonio heterosexual no puede ser “desvirtuado” por antiquísimo y milenario pasa a archivo.

Mejor recordemos que lo que los Diputados modificaron es el matrimonio civil, una institución que a pesar de no ser milenaria sino novísima (data de 1871) ya fue objeto de varias rectificaciones. Hasta 1888, por ejemplo, el único matrimonio reconocido por el Código Civil era el religioso (católico) –la paradoja no es mía sino de Dalmacio Vélez Sarsfield–, sujeto a los tribunales eclesiásticos y al derecho canónico. Vélez Sarsfield opinaba que una ley que autorizara el matrimonio civil “desconocería la misión de las leyes que es sostener y acrecentar el poder de las costumbres y no enervarlas y corromperlas”. En ese formato, la unión era indisoluble, la esposa carecía de derechos; los ciudadanos de otros credos podían optar entre la conversión o el concubinato, y sólo tenían derechos los hijos matrimoniales. De los extramatrimoniales –divididos en naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos– estaba penado hasta indagar su origen.

En 1924, se amplió la capacidad civil de las casadas. En 1954, se acercaron relativamente los derechos de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales que recién en 1968 obtuvieron la igualdad. En 1947, por primera vez el voto se convirtió en universal, con la inclusión de las mujeres, y en 1954, el segundo gobierno peronista aprobó la ley del divorcio y la patria potestad compartida, medidas ambas rápidamente derogadas por la revolución “Libertadora”. Hubo que esperar hasta 1985 para que las madres compartieran la patria potestad. Y, quiero subrayarlo, los concubinos y las concubinas vivieron una situación similar a la que viven hoy homosexuales y lesbianas hasta 1987 cuando, entre amenazas de excomunión e incendiarios anatemas, el Congreso aprobó la ley del divorcio.

Cada una de esas reformas estuvieron orladas de los latiguillos que hoy usa La Nación: destrucción de la familia, de “instituciones históricas”, principios de “raigambre ancestral”, mantención de “reglas de conducta”, intento de “torcer la naturaleza de la cosas”. En realidad, significaron avances significativos en el reconocimiento de la igualdad de todos ante la ley, y en hacer la vida más digna.
Como argumentaron los distintos jueces que avalaron las cinco bodas entre personas del mismo sexo realizadas hasta ahora, la igualdad ante la ley es un principio principalísimo, de rango constitucional, que está por encima de prejuicios e intereses particulares, sectoriales o religiosos.

La Nación, más allá del tono de ajustada corrección política de su editorialista, esboza qué clase de legalidad estima que merecen los homosexuales. El matrimonio heterosexual no debe desvirtuarse, dice, porque es una institución “nobilísima” y “venerable”. Si para escapar a toda interpretación subjetiva vamos al diccionario, encontraremos que “desvirtuar” es falsear o deformar, y que el antónimo de nobilísimo en su acepción más amable es ordinarísimo, y de venerable, despreciable. ¿Esa es la clase de unión que recomienda para los homosexuales?

El diario también se erige en vocero autodesignado de “los casados” a los cuales, afirma, “les resulta violento que se destruya la esencia heterosexual sobre la cual dieron su consentimiento”. Y hay más:
“Muchos no quieren que se altere el sentido de su unión dirigido a conservarla y protegerla en orden a los hijos por venir”. Qué manera de ofender la inteligencia de los lectores. Como todo el mundo sabe, nada obliga a ejercer un derecho. Los heterosexuales solteros o casados no están obligados a nada, sólo se amplían sus alternativas si cambian de orientación. Sus “hijos por venir”, en el caso de que resulten heterosexuales, se podrán casar como hasta ahora y, si son homosexuales, tendrán la alegría de disfrutar de los mismos derechos que mamá y papá. Respecto de la gente a la que le resulta “violento” que la igualen a otros seres humanos, eludiremos caer en la grosería y diremos solamente que qué pena.

Finalmente, sostiene el matutino, contradiciendo una biblioteca entera, “la educación y la formación de la prole exigen la complementación de los sexos y la psicología se ha extendido largamente sobre la influencia de ésta en la formación de la psiquis y de la sexualidad juvenil”. ¡¿Dónde quedó la corrección política?! La Nación tiene miedo de que el matrimonio gay influya “en la sexualidad juvenil”. O dicho más claro: que la homosexualidad se contagie, como la gripe A o, antes, la viruela.

Si el matutino efectivamente cree que la formación del infante exige “la complementación de los sexos” debería ser consecuente con sus palabras y asumir el costo de sus prejuicios. En primer lugar, debería proponer a los senadores que no sólo deshagan el camino andado por Diputados sino que modifiquen la ley de adopción –que no establece distingos por la sexualidad de los adoptantes–, instruyan una normativa que obligue a separar a las madres lesbianas y a los padres gays de sus hijos e hijas, sometidos a una situación que los “influye” desfavorablemente. Y como criaturas que se crían sin uno de los “sexos complementarios” acá es lo que abunda, debería hacer la profilaxis extensiva a los hijos de viudas y viudos, de madres solteras, de mujeres abandonadas, de hombres en igual situación, y también a los que son educados por una abuela o tía sin pareja. Entonces no habría dudas de que los anima una preocupación por la infancia, delirante, pero sincera.

Los senadores, que no son herederos de los consejos de ancianos formados en el origen de los tiempos, como pretende La Nación, sino representantes elegidos por el pueblo para integrar una institución de la república, lo que tienen planteado es poner fin a una situación de injusticia que atraviesan muchas personas adultas y muchos chicos.
Hagámoslo más gráfico: en el departamento A, una pareja lava los platos, hace las cuentas para llegar a fin de mes, mira la tele, se ríe, se enoja, ayuda con los deberes a los chicos. En el departamento B, otra pareja hace exactamente lo mismo. Una de ellas, sin embargo, no puede compartir la obra social, ni pedir un crédito conjunto, ni cobrar pensión jubilatoria ni heredar al otro el día que muera. Más aún, esos chicos que se afanan en las sumas y restas no tienen ningún vínculo legal con uno de ellos, ni tendrán su obra social ni podrán heredarlo. Y si muere el progenitor “legal”, el otro quedará sin ninguna herramienta que preserve los derechos de él sobre sus hijos ni los de sus hijos respecto de él (o ella). ¿Por qué? Porque en el departamento A conviven un hombre y una mujer, y en el otro una pareja de personas del mismo sexo. La reparación de esa injusticia, que convierte a algunos argentinos –y a sus hijos– en ciudadanos de segunda a causa de su opción sexual, es lo que está en juego.

*Periodista. Trabajó en El Porteño, El Periodista, Página 12, Clarín, La Triple Jornada, de México, y La Clave, de Madrid, entre otros medios. Recibió, con sus compañeros del suplemento Zona (Clarín), el Premio Rey de España por una investigación sobre la dictadura.
Trabajos suyos fueron traducidos y forman parte del referato de publicaciones académicas. Codirigió la colección Biblioteca de las Mujeres (Ed. Biblos). Investiga la historia de las mujeres de la clase obrera argentina (1880-1940) e impartió seminarios en la UBA, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad del Comahue, y organizaciones sociales y sindicales.

 
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