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Argentina. Jueces de vidas ajenas. Quiénes son y cómo operan los grupos antiaborto Imprimir E-mail
Lunes, 15 de Octubre de 2012 15:53

 Raquel Roberti y Deborah Maniowicz

Con panfletos, marchas ruidosas, amenazas y presiones, intervienen para evitar las interrupciones de embarazos contempladas en la ley. La campaña nacional de Acción Católica y el mapa “provida”. El caso de la ciudad de Buenos Aires y el rol de Macri.
 
Lejos de debatir con argumentos y respetar las opiniones diferentes, apelan a la mentira disfrazada de realidad científica, a los aprietes a los jueces que deben decidir, a los políticos que gobiernan, a los médicos que intervienen, a las familias y a las mujeres o niñas involucradas. Al ruido atronador para lograr el silencio de los otros. Usan técnicas tan anacrónicas como típicas de grupos mafiosos. Son ciudadanos, profesionales, organizaciones sociales y religiosas, que se unen tras una declamada posición “provida”. Y cuando todo falla, buscan la complicidad de abogados y jueces para lograr el objetivo: impedir un aborto no punible, intervención avalada por la Corte Suprema de Justicia en caso de que el embarazo sea producto de una violación.
 
Son los grupos antiaborto que actúan a lo largo y ancho del país, bajo nombres como Fundación Argentina del Mañana, Red Federal de Familias, Acción por la Vida y la Familia, Pro Familia o Pro Vida, entre muchos otros. Todos reconocen una fuerte ligazón religiosa, sobre todo con el catolicismo.

Pro Familia fue la que impidió el martes 9 de octubre, mediante una medida cautelar, que se realizara la intervención en el Hospital Ramos Mejía a una mujer de 32 años, víctima de violación en una red de trata de personas. Sucedió un día después de que finalizara el 27º Encuentro Nacional de Mujeres, que reunió a unas 30.000 mujeres en Posadas, quienes pidieron que se declare la “emergencia nacional en violencia de género” y mantuvieron el reclamo de “aborto legal, seguro y gratuito”.

“El derecho a la vida del niño no puede estar sujeto a la decisión de la madre. Una cosa es la no punibilidad y otra es que tenga derecho a hacerlo”, enfatizó el abogado Pedro Andereggen. La demanda fue rechazada por dos magistrados, hasta que encontró en la jueza en lo civil, Myriam Rustán de Estrada, la disponibilidad para dictaminar la suspensión del aborto. La situación se hizo pública gracias a los buenos oficios informativos de Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño (ver aparte). Legisladores de diversas corrientes políticas denunciaron el miércoles 10 a la jueza ante el Consejo de la Magistratura, por “conducta irregular que puede configurar mal desempeño de sus funciones, utilizando su investidura para demorar arbitrariamente el ejercicio de un derecho consagrado”.

Según el diputado Alejandro Bodart, los activistas antiaborto también fueron hasta la casa de la víctima de trata para decirle que “iban a tocar todas las campanas de las iglesias cuando ella asesinara a su hijo”.

En esa frase están contenidas las palabras clave de todas las campañas antiaborto: asesinato e hijo, ya que consideran que la vida comienza en la concepción. De allí que en las pancartas que suelen levantar en las marchas o en los folletos que muestran a las mujeres y niñas embarazadas que piensan abortar, se vean fetos mutilados o con expresiones de grito ante una cuchilla, por ejemplo.
 
Claudia Laudano, licenciada en Comunicación Social y profesora de Teoría Sociológica en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, analizó el tema en un documento académico. Según su reflexión, el uso de imágenes fijas a fines de los ’80, las editadas en videos y documentales, como El grito silencioso, hasta las nuevas tecnologías de visualización obstétrica “contribuyeron a invisibilizar el cuerpo de la mujer embarazada y otorgaron vida propia al feto, como si fuera independiente”. Y remarcó el “deslizamiento de sentido operado en el campo lingüístico donde se identifica ‘feto’ con ‘niño’, ‘ser humano’ o ‘persona’, que junto a lo visual, permiten situar las significaciones en juego en el campo de las representaciones culturales”.

En general, se sitúa el surgimiento de los movimientos antiabortistas entre las décadas del ’70 y ’80, en Estados Unidos, como reacción a los cambios sociales producidos por el movimiento hippie, y la aparición de la píldora, que permitían reclamar libertad sexual, planificación familiar y despenalización del aborto. Para los especialistas en el tema, los movimientos opositores pueden clasificarse en tres grandes grupos:

- El que se identifica con las posturas del Vaticano; presente en Europa, muy visible en España, con organizaciones como “Derecho a Vivir” o “Hazteoír”.

- El integrado por la alianza entre católicos tradicionalistas, evangélicos y algunos cristianos ortodoxos. Este grupo es el que predomina en Estados Unidos, cuyos movimientos “provida” son muy activos. El Christian Institute, por ejemplo, obligó a Google a admitir publicidad antiaborto en sus enlaces patrocinados, acusándolo de violar la legislación sobre igualdad.

- El más radical, con entidades como Fraternidad de San Pío X o Tradición, Familia y Propiedad, relacionada con los movimientos fascistas de los años ‘30.

En la Argentina la división no es tan contundente y es posible encontrar representantes de los tres grupos en las organizaciones que actúan socialmente y que no admiten límites en su afán de evitar un aborto.

Dicen que basta un botón, pero en este tema hay muchos para mostrar. En Mendoza, en septiembre pasado, el objetivo declarado de la marcha que realizaron los sectores “provida” era presionar a los senadores y al gobernador, Francisco Pérez, para que no sancionaran el protocolo hospitalario para la atención de abortos no punibles. “Nuestra presencia es importante para rezar para que se defienda la vida en nuestra provincia y para que los legisladores respeten nuestras creencias y tradiciones, y el orden natural”, decía el correo electrónico convocante.

En la misma provincia, pero en 2008, integrantes de un grupo católico intimidaron a una nena de 12 años, violada y embarazada por su padrastro. El juez de familia Nº 1, Germán Ferrer, negó el procedimiento. Más allá de que pronunció frases como “la nena no quiere matar al bebé”, en conferencia de prensa admitió presiones: “Recibía más de 300 mensajes por día donde me decían que no cometiera un asesinato”. En la actualidad, es juez de la Cámara de Familia.

Dos años antes, en 2006 y en la provincia de Buenos Aires, la Corporación de Abogados Católicos –en ese entonces presidida por Alberto Solanet– realizó una presentación judicial para impedir el aborto de una adolescente discapacitada mental, embarazada producto de una violación. La Corporación fue creada en 1935 por el Arzobispado de Buenos Aires y su sede fue donada por la compañía Pérez Companc. El objetivo de esa organización es ordenar los actos de las personas y de la sociedad según los dictados de la jerarquía católica. El entonces rector de la UCA de La Plata, Ricardo de la Torre, también había efectuado una presentación para impedir la intervención. Ambas demandas fueron rechazadas, pero De la Torre dio un paso más: fue al domicilio de la muchacha e intentó convencer a la hermana de que continuara con el embarazo, ofreciendo ayuda económica. De la Torre fue subsecretario de Educación durante la última dictadura militar.

El rechazo a las demandas de Solanet y De la Torre fue firmado por seis jueces de la Suprema Corte bonaerense, en tanto que Héctor Negri y Eduardo Pettigiani defendieron la postura de los demandantes. La Universidad Austral los convocó, luego de conocido el fallo, a participar de un debate donde pudieron argumentar su posición.

Las vinculaciones académicas son una de las patas que sostienen a los grupos antiaborto y no sólo en la ciudad de Buenos Aires. “En Rosario el Opus Dei tiene mucho poder en algunos hospitales y las cátedras de ginecobstetricia de la Facultad de Medicina –reveló Noelia Figueroa, secretaria de género de la CTA Rosario–. El caso más conocido es el de Rafael Pineda, jefe de ginecología del hospital Clemente Álvarez”. Pineda es, además, director de Bioética de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral.

Opus Dei remite, obviamente, a la Iglesia Católica, una figura central para los movimientos “provida”. De la Arquidiócesis de Buenos Aires depende Acción Católica, embarcada desde 2011 en que gobernantes de ciudades y provincias las declaren “provida”. Ya lo consiguieron en Chaco, Salta y Corrientes, y en 33 ciudades y municipios de las restantes provincias (ver aparte). Esa declaración significa que harán caso omiso del fallo de la Corte Suprema de Justicia y que exigirán autorización judicial para cada pedido de aborto, sin importar las causas del embarazo ni las condiciones de la mujer o niña embarazada.

En Tucumán lo intentó el arzobispo, Alfredo Zecca, quien señaló que “bajo ningún aspecto aceptaremos que se avale el aborto. La vida no puede depender de análisis filosóficos que por momentos sostienen ciertas razones para luego plantear lo contrario”. Y no se privó de presionar al gobernador, Jorge Alperovich, al señalar su “desconcierto por el hecho de que un hombre que siempre ha defendido la vida, justamente en la Semana Santa se pronuncie a favor de este fallo. Espero que en un diálogo con él pueda recapacitar”. En esa provincia, el 9 de agosto pasado iba a concretarse una jornada de capacitación del equipo médico de la Maternidad de Nuestra Señora de las Mercedes, la que más partos atiende al año en América latina. Pero manifestantes “provida”, liderados por los legisladores José Páez y Juan José Casagnas, destinaron tres horas a impedirlo. Lo hicieron al grito de “genocidas” dirigido a médicos, golpes contra las ventanas de la sala donde se efectuaba la reunión, y una sirena de megáfono en la puerta de acceso.

Lograron su objetivo sin esgrimir un argumento: gracias al escándalo la jornada se suspendió. Impusieron silencio a los otros. Métodos arcaicos y propios de una agrupación mafiosa, a los que es necesario oponer la voz de la ley, en defensa de la vida, de la dignidad de la vida y de la libertad de vivir de acuerdo con los propios principios morales y éticos.
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La realidad que no quieren ver
460  mil abortos clandestinos se realizan cada año en la Argentina.
37  por ciento de los embarazos que se registran en el país son interrumpidos.
7  mujeres se hacen un aborto seguro por cada una que llega al hospital con complicaciones.
1  de cada tres mujeres que se someten a un aborto, muere como consecuencia de la intervención.
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Casos paradigmáticos
Bahía Blanca. En diciembre de 2003, Miriam, de 14 años, asistió al Hospital Penna para interrumpir su embarazo producto de la violación de su padrastro. Pero la negativa fue rotunda. En una primera instancia, Alberto Taranto, director del centro médico, se negó alegando que “acá decidimos por el mal menor, el daño a la chica ya está hecho”, y le dio intervención al juez José Luis Ares, quien también rechazó el pedido.
 
La Plata. En julio de 2006, una adolescente de 19 años que padecía un retraso mental y había quedado embarazada luego de ser violada por un familiar, estaba a punto de ser sometida a un aborto no punible en el Hospital San Martín, cuando sorpresivamente llegó a la institución una orden judicial de la jueza de menores Inés Siro, que impidió a la joven seguir adelante con su deseo.
 
Mar del Plata. No siempre son jueces o abogados los que se oponen a que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo. En febrero de 2007 fue el grupo antiaborto Fundación Argentina del Mañana el que intentó que una chica de 14 años continuara con su embarazo. Para lograr su cometido la organización amenazó a directivos y profesionales del Hospital Interzonal Materno-Infantil con que iban a recibir “represalias” si concretaban la intervención.
 
Guaymallén. En septiembre de 2008 el grupo ultracatólico Vitam se infiltró en el Hospital Notti, donde estaba internada una nena de 12 años esperando la autorización del juez, y le mostraron panfletos con fetos mutilados para impresionarla. El juez Ferrer dio parte al Comité de Bioética del hospital, le quitó la guarda a la mamá de la criatura –peticionante del aborto– para dársela a la abuela –manifiestamente a favor del embarazo–. La menor resolvió seguir adelante con la gestación.

Bahía Blanca. El juez de familia Jorge Eduardo Longas, conocido por invocar “la ley de Dios”, hizo lugar a un recurso de amparo en septiembre de 2008 y ordenó suspender el aborto que estaba previsto realizarle a una adolescente de 18 años, con discapacidad mental y abusada por un familiar. La acción ya había sido acordada en el Hospital Penna cuando el magistrado obstruyó la medida, alegando que una pareja se había ofrecido a adoptar a la criatura.
 
Posadas. Un caso similar al de Guaymallén ocurrió en agosto del año pasado en Misiones, cuando directivos del Hospital Materno Neonatal asustaron y desinformaron a la familia de una nena de 14 años que había solicitado la interrupción de su embarazo. En simetría con la institución, miembros de la organización Red Federal de Familias le regalaron ropa de bebé para colocarla en el rol de madre y convencieron a la chica de que siguiera adelante con el embarazo.
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Toco y me voy
No es ninguna novedad. Cada vez que hay algún problema en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, está fuera del país o se toma un avión en el momento más candente del conflicto. Ocurrió con las inundaciones a principio de año, cuando se derrumbó la disco Beara y murieron dos jóvenes y durante el estudiantazo en 2010. Sin embargo, con el debate en torno a la legalización del aborto redobló la apuesta: no sólo cruzó las fronteras para reunirse con el presidente español Mariano Rajoy, desde donde vetó la ley de aborto no punible sancionada por la Legislatura, sino que fue el causante de que se frene la interrupción del embarazo de una víctima de trata que había conseguido la autorización pertinente. Al ventilar que el aborto iba a realizarse el 9 de octubre en el Hospital Ramos Mejía, ocasionó que una ONG que se autodenomina “Provida” lograra frenar la intervención.
 
En consecuencia, Macri deberá enfrentar una denuncia penal presentada por las diputadas Laura García Tuñón, María Elena Naddeo, Gabriela Alegre, Gabriela Cerruti y los legisladores Alejandro Bodart y Francisco Nenna, y la titular de CTERA, Estela Maldonado. La acusación es por “incumplimiento de deberes de funcionario público” por haber causado la suspensión del primer aborto no punible en la ciudad.
 
 
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